Colombia, el infierno en la tierra

Por: Luisa Fonseca, Natalia Martinez, Maria Alejandra Garcia, Valeria Hernández, Paula Rojas y Diana Rodríguez.

Por querer dejar la frente en alto al entregar bajas en combate, se desató una masacre de la cual el Estado evade responsabilidad.

Por más de 50 años, Colombia se ha visto envuelta en un conflicto interno entre miembros de las autodefensas, la guerrilla, grupos armados al margen de la ley y paramilitares. La instauración de la República de Colombia en 1819 fue una de las causas más grandes que dieron paso a las desigualdades sociales y políticas, que, además, fomentaron una serie de violencia y lucha hasta el día de hoy, junto con el actual proceso de paz y la jurisdicción especial para la paz, JEP.

Durante 1974 y 1990 se realizaron unas drásticas reformas constitucionales y políticas económicas que desencadenaron el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de interés, el aumento de la especulación y la concentración empresarial.

Con todo lo anterior y la exclusión del ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena empezó a notar los primeros grupos de las autodefensas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército del Pueblo (FARC-EP). Estas se consolidaron en 1964 con el fin de representar a la población rural y constituir un gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar en las regiones sudorientales de la selva y en las llanuras de la Cordillera de los Andes.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se formó en 1965 radicalizando la lucha de clases a través de la violencia en las zonas del Catatumbo, Norte de Santander, el sur del Departamento de Bolívar, los departamentos de Arauca, Cesar, Antioquia, Cauca, Nariño, el Chocó y Valle del Cauca. El Movimiento Diecinueve de Abril (M-19) nació en 1970 por el fraude electoral. El Ejército Popular de Liberación (EPL) tuvo origen en 1966 y pasó por un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991 (Cidob.org, s.f). Cada movimiento fue creado en regiones y contextos políticos, ideológicos y militares diferentes con una forma propia de operar.

Cuando Álvaro Uribe Vélez en el 2002 llega a la presidencia, el conflicto armado se encuentra es su mayor esplendor. Por lo que sus promesas están mayormente enfocadas en tener resultados contundentes para la lucha contra la guerrilla. Sin embargo, desde el inicio de su mandato se comenzaron a conocer casos de falsos positivos. Los falsos positivos son “ejecuciones extrajudiciales y sistemáticas, practicadas por agentes del estado colombiano”. Esto causó un revuelo en la sociedad colombiana por lo que el 78% de las víctimas relacionadas, murieron durante su mandato.

En el 2003 el presidente inició las negociaciones para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, solo hasta el 2006 pudo terminar con 31,000 desmovilizados. Además, en su segundo mandato, después de ser reelegido para la presidencia del 2006-2010, logró llevar a cabo la Operación Jaque, en donde 15 reclusos de las FARC fueron rescatados, entre ellos: Ingrith Betancourt, algunos congresistas de Estados Unidos, militares y policías.

A mediados del segundo mandato del Ex Presidente Álvaro Uribe, se destapó el escándalo que rebosó la copa. Se comenzó a hablar de muertes de civiles realizadas por agentes del Ejército colombiano. Sin embargo, muchos de los altos mandos de ese momento fueron enviados a tribunales con el fin de conocer su responsabilidad frente a esta problemática. Los falsos positivos salieron a la luz gracias a las familias que denunciaron haber sido víctimas de esta barbaridad.

Uno de los casos que más marcó la época de los falsos positivos en Colombia fue en agosto de 2008, cuando unos jóvenes fueron llevados con engaños al Norte de Santander para que acto seguido fueran asesinados por el ejército, y así pudieran hacerse pasar como guerrilleros caídos en combate. A esto, Uribe tuvo una respuesta que conmovió tanto a las madres de los involucrados como a todo el país: “De seguro, esos muchachos no estaban recogiendo café” (Asamblea de Anif, 2008).

La respuesta del expresidente Uribe como una justificación se puede asimilar con la respuesta que tuvo el Ministro de defensa, Diego Molina, referente al bombardeo que se presentó el 2 de marzo en San José del Guaviare, “Esas estructuras que están allí son jóvenes combatientes que protegen a un terrorista y que buscan afectar a la sociedad colombiana” (El País, 2021). Sus formas de expresarse frente a los jóvenes que desaparecieron años atrás y que, actualmente no cesan, van de la mano con los jóvenes que desaparecieron en Soacha y que fueron encontrados en fosas al ser reportados por guerrilleros del norte de Santander.

El Gobierno de Uribe creó un sistema de premios y beneficios que serían entregados a causa del éxito contra la guerra de las FARC por el número de bajas. Para acceder a estos beneficios, muchas unidades militares diseñaron un esquema de corrupción en el que reclutaban a jóvenes, en su mayoría de barrios populares, y los trasladaban a lugares remotos con promesas falsas de trabajo, en donde les quitaban sus documentos y los asesinaban para luego presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate.

La impunidad la tenían garantizada. Las víctimas que reclutaban eran consideradas desechables, los asesinatos eran rápidamente legalizados como bajas en combate y los cuerpos terminaban enterrados en fosas comunes para que no pudieran ser identificados.

El hecho que desató el mal actuar del Ejército fue un incentivo realizado por altas esferas en donde se promovió la muerte de guerrilleros con el fin de obtener condecoraciones o premios. Además de esto, muchos de los soldados que confesaron haber sido parte de esta barbaridad, aseguraron que sus superiores exigían resultados con amenazas. Razón por la que muchos de ellos tomaron la decisión de dejar de lado la protección a la comunidad para rendir cuentas a sus superiores.

También cabe aclarar que esta situación se dio en varios periodos de tiempo, por lo que fueron diferentes los comandantes que estuvieron involucrados. Esto hace que la situación sea aún más grave, debido a que no solo una persona fue la encargada de encubrir los muertos y los premios que eran entregados gracias a ellos, sino que, también, cada vez que alguien diferente llegaba al poder, decidía untarse y continuar con la carga de “los muertos en combate”.

Algunos de los implicados en esta barbaridad fueron: El General Martin Orlando Carreño Sandoval quien ejerció el cargo entre 2003 y 2004, El Comandante General Carlos Ospina Ovalle en el periodo 2004- 2006, El General Mario Montoya Uribe quien participó durante los años 2006- 2008, y otros más que aún continúan en proceso de investigación.

En ese entonces se decía que el sistema de premios y beneficios tenía con fin asegurar el imperio de la ley en todo el territorio nacional, proteger a los ciudadanos, estimular el pluralismo y fortalecer el Estado de derecho. Sin embargo, en la práctica, se convirtió en una patente de corso para darle incentivos perversos a la tropa, y para que, además, los generales cercanos a Uribe se convirtieran en los principales promotores de la política del body counting. En la actualidad, aún retumban las arengas matutinas que hacía por la radio el general Mario Montoya, comandante del Ejército, en las que exaltaba a sus tropas para que le entregaran bajas. El coronel González del Río, uno de los pocos oficiales condenados por falsos positivos, aseguró en testimonios ante la justicia que fue testigo cuando el general Montoya pronunció: “No quiero regueros de sangre, ¡quiero ríos de sangre!”(NoticiasRCN, 2014).

Después de cinco décadas sumidos en la guerra contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el 2016 se llegó a firmar un acuerdo de paz bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.

La vinculación del ex presidente Juan Manuel Santos con los falsos positivos va desde antes de su gobierno, debido a que durante el mandato de Uribe, él se encontraba ejerciendo el cargo de Ministro de Defensa. Fue durante ese tiempo donde salió a luz pública el escándalo de falsos positivos. Según la prensa, el actuar de Santos frente a esta problemática fue tardío, aunque se debe reconocer que logró tomar medidas importantes como el cambio en los indicadores de éxito de la Fuerza Pública.

Mediante la directiva 300-28 de noviembre de 2007, se premiaba más las capturas y las desmovilizaciones que las muertes en combate. Aunque de igual manera hubo reportes que afirmaban que durante ese gobierno, los falsos positivos incrementaron en un 150%, por lo que se cuestionó aún más a Santos.

A raíz del acuerdo de paz pactado, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) fue creada para investigar los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado. La cual tenía como objetivo juzgar a exguerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles involucrados.

Otro de los casos más polémicos y delicados que ha descubierto la JEP fue la inhumación de cuerpos de campesinos, que fueron entregados como guerrilleros asesinados en combate en el cementerio de Dabeiba, en el occidente de Antioquia. Además, la Corte reportó otros nueve hallazgos forenses, que se suman a los 80 que ya estaban registrados.

La JEP, en su trabajo seguirá escuchando las versiones de militares que participaron en estos crímenes de Estado. Pero se ha demostrado que el mayor número de falsos positivos ocurrió entre el 2002 y el 2008 dejando claro que el ex presidente Uribe no ha respondido con la verdad.

El conflicto, que se cerró después de más de cinco décadas, seguirá dejando heridas abiertas mientras existan quienes se nieguen a afrontar sus responsabilidades, como en el caso del expresidente.

Después de casi tres años de investigación, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia alertó sobre el número de civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en medio de combates lo que hasta ahora el dato oficial más fiable era el de la Fiscalía que iba en 2.248 muertes, pero en el tribunal surgido de los acuerdos de paz elevó esa cifra a 6.402 solo entre 2002 y 2008 y suponen que podrían ser más alta esa cifra. Situación que vuelve a poner en el ojo del huracán al expresidente Álvaro Uribe, quien era el gobernante en Colombia durante el periodo donde pasaron todas estas masacres.

Actualmente Uribe no ha sido culpable ante la JEP, pero su testimonio con su versión podría esclarecer qué pasó en el periodo en el cual estaba de presidente y en el cual sucedieron estos crímenes. Hasta ahora Uribe se ha negado a hablar y ha acusado a las organizaciones de derechos humanos de ser sus enemigas.

Aunque ha sido bastante significativa la imputación de cargos a ex dirigentes de la “guerrilla”, se espera que algo igual pasa con los falsos positivos, situación difícil, aunque varios comandantes y soldados se han entregado al proceso de la Justicia Transicional, en la cual ellos evitan penas de cárcel a cambio de hablar con la verdad, mientras que el reconocimiento por parte de los altos mandos militares ha sido casi que nulo.

Los “falsos positivos” lograron sacar a la luz pública el sistema interno que llevaba el Ejército Nacional, en donde ganaban recompensas por entregar civiles como guerrilleros muertos en combate. Y, además, también lograron enseñarle al país el dolor que dejó cada una de las víctimas muertas.

Referencias

Colombia, el infierno en la tierra

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